La democracia en la práctica, problemas
Todos los distintos tipos de democracia existentes (participativa, representativa, directa y sus variantes) se fundamentan en la creación de un Estado que regula, coordina y controla la vida en sociedad para un determinado territorio. Se podría resumir que el Estado se crea para defendernos de la agresión de la naturaleza y de otros seres humanos, tanto de los de fuera de nuestras fronteras como de los de dentro, sirviéndose para ello de un poder coactivo, es decir, imponiendo el cumplimiento de sus principios y normas mediante la amenaza o el uso de la fuerza.
El Estado, legitimado por el poder que le conceden los ciudadanos, también actúa como mediador y juez en caso de conflictos y como regulador en los denominados “fallos de mercado”. Es precisamente al actuar e intervenir en la economía, autoproclamándose en defensor del interés general, cuando yerra inevitablemente una y otra vez debido a las razones que esgrimiré a lo largo de este ensayo.
Decía Karl Marx que: “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado”.
Me parece sorprendente como Marx pudo observar con tanta claridad el problema, pero erró de forma tan absurda, con consecuencias devastadoras para muchas sociedades que aplicaron sus ideales, en su solución, más Estado. El adjetivo “absurdo” no lo empleo de forma gratuita, pues contradice toda lógica humana criticar algo y ofrecer como solución más de ese algo. Si por ejemplo consideramos el consumo de alcohol como algo perjudicial, carece de lógica ofrecer como solución el consumir más alcohol, independientemente de que se llame coñac (burguesía) o vodka (proletariado).
A mediados del siglo pasado, a raíz primeramente de los trabajos del economista escocés Duncan Black y luego especialmente a partir de los estudios del estadounidense James M. Buchanan, estudios que le valieron en 1986 el premio Nobel de economía, comienza a aplicarse el método de estudio económico a la ciencia política, lo que se conoció como la “Public choice theory” (teoría de la elección pública). Esta escuela estudia los procesos políticos en las sociedades desarrolladas que aplican un sistema político democrático así como el comportamiento de los distintos agentes implicados, los votantes, los políticos y los burócratas o funcionarios, usando para ello herramientas de la ciencia económica.
La intención era determinar si, asumiendo que el mercado (donde los agentes persiguen su propio interés) tiene fallos, estos son más o menos perjudiciales para la ciudadanía que los supuestos beneficios derivados de la intervención del Estado (al que se le suponía que persigue el bien común). O dicho de otra forma, se quería esclarecer si el remedio es mejor o peor que la supuesta enfermedad.
Señalan los cinco siguientes problemas:
1. La ignorancia racional de los votantes.
Surge como consecuencia de que los votantes constatan que su voto es irrelevante al ser prácticamente nula la probabilidad de que su voto sea el dirimente en unas elecciones. Los teóricos no critican el que se acuda a votar o no, simplemente afirman que la gente no vota de forma racional, con conocimiento de causa, dado que la mayoría de la ciudadanía encuentra tan insignificante el beneficio de votar con conocimiento de causa, que no piensa que merezca la pena asumir el inmenso coste y esfuerzo que conlleva estudiarse todos los programas políticos de los diferentes partidos (sus implicaciones, el perfil de los distintos candidatos, un estudio de las distintas teorías económicas, etc.). En definitiva, no le compensa hacerse cargo de unos elevados costes porque no percibe que pueda recibir el posterior beneficio, influir de forma decisiva sobre el resultado final de las elecciones.
Los teóricos de la elección pública no llegan a determinar el motivo por el cual la gente acude a votar, tal vez sea porque los votantes consideramos que es nuestra “responsabilidad democrática” o tal vez por mero entretenimiento. Al no darse las elecciones con mucha frecuencia, produce cierta emoción y satisfacción participar en el proceso democrático y expresar así nuestras preferencias. En cualquier caso, se vota principalmente en base a consideraciones de tipo tribal, pasional o visceral pero sin atender como norma general a motivos racionales.
– Opinión de carácter personal:
Sin ser un estudio de carácter científico, a mí me da la sensación de que este problema de la irracionalidad de los votantes, en lugar de aminorarse a medida que el votante va cumpliendo años y por tanto adquiriendo más conocimientos, experiencias y un mayor nivel de consciencia, el problema se agrava, pues muchos de los jóvenes poseen un espíritu crítico que se pierde con la edad. Cuando se es joven se suele tener la mente más abierta para el aprendizaje y es más fácil cambiar de opinión.
En cambio, cuando nos hacemos mayores, tal vez como consecuencia del “síndrome de la sabiduría”, dejamos de escuchar al que no opina como nosotros, creándonos una especie de monopolio de la verdad. Como ya dijera Bertrand Russell: “Gran parte de las dificultades por las que atravesamos se deben a que el mundo está lleno de ignorantes completamente seguros de todo e inteligentes llenos de dudas”.
2. Existencia de los grupos de interés o lobbies.
Se trata de grupos de personas físicas y/o jurídicas relativamente pequeños con intereses muy concretos, como, por ejemplo, la obtención de ayudas, subvenciones, exenciones fiscales o cualquier tipo de privilegios por parte del Estado con grandes beneficios para ellos y escaso coste para la ciudadanía en su conjunto al quedar el coste diluido entre toda la población, “benefits are concentrated while costs are diffused” (Buchanan). Esto del beneficio concentrado y los costes diluidos ya lo vio con claridad nuestra querida Lola Flores: “Si una peseta me diera cada español…podría saldar mi deuda”. En fin, lástima para “La Faraona” que no contase con un buen lobby…
Para maquillar el fraude, los gobernantes argumentan que la concesión de la ayuda o subvención a determinado grupo de interés es por el bien común o por causas nobles y justificadas. Estos privilegios o favores por parte del Estado a los mencionados grupos de interés suelen devolverse en forma de aportaciones económicas para las campañas electorales, pago de comisiones, votos, empleos en puestos directivos (puerta giratoria), etc.
Lo más grave de estas políticas, es que la democracia está en realidad secuestrada de antemano, pues, antes incluso de llegar un partido al poder, ya se encuentra en deuda con muchos de estos grupos de interés que le han aupado al poder y por tanto carece de libertad para atender a la voluntad y necesidades de la ciudadanía.
3. Representación democrática no vinculante.
Esto en la práctica significa entregar cheques en blanco a los gobernantes, lo que provoca que carezcan de incentivos para cumplir con lo prometido.
Vemos así pues como, durante el periodo electoral, los políticos hacen todo tipo de promesas, identificando parcelas de interés y votantes potenciales para “comprar” o ganar votos, pero, una vez ganadas las elecciones, al ser la representación no vinculante, no tienen ninguna obligación de cumplir con lo prometido, pasando incluso a hacer todo lo contrario. Haciendo un pequeño ejercicio de memoria histórica podemos observar de forma clara el escaso cumplimiento de los programas políticos y el incumplimiento sistemático de buena parte de las promesas electorales.
Nuevamente, para que el engaño no sea tan obvio y no quedar como mentirosos, lo que les podría suponer un descrédito que limitaría las opciones de ser reelegidos, argumentan que “las circunstancias han cambiado de forma imprevisible”, que “aunque no nos guste, no hay otra opción”, e incluso hacen uso de la cultura del miedo, llegando a decir poco menos que si no lo hacen desaparecerá la especie humana, para justificar que ya no pueden llevar a cabo las políticas que se comprometieron llevar a cabo.
4. Miopía gubernamental.
Los políticos que ostentan el poder se decantan casi exclusivamente por aquellas medidas que aportan un beneficio inmediato y tienen un coste lejano, rechazan, por lo tanto, aplicar políticas con costes inmediatos y beneficios lejanos en el tiempo. Esto es debido, por un lado, a que el gobernante carece de interés o incentivo para mejorar el país a largo plazo, siendo el horizonte temporal muy corto, concretamente las próximas elecciones y, por el otro, a que la ciudadanía tiende a exigir resultados inmediatos.
Habrá gente que pueda pensar que el largo plazo no importa, entre otros el economista ya fallecido John Maynard Keynes con su famosa frase “a largo plazo, todos estaremos muertos”. Pero resulta que nuestros hijos y nietos se quedarán una temporada más y recibirán los frutos (¡y deudas!) producto de nuestras acciones.
5. Burócratas y funcionarios.
A pesar de que las críticas a estos agentes son frecuentes por gran parte de la ciudadanía, los teóricos de la escuela de la elección pública no critican a las personas en particular, sino el sistema, llegando a la conclusión de que los burócratas y funcionarios carecen de incentivos para actuar de manera eficiente.
El principal problema, es que la administración pública no se encuentra inmersa en un entorno de libre competencia en el que sea posible el cálculo económico con precios de mercado y en el que tiendan a primar en la toma de decisiones las consideraciones sobre beneficios y costes.
Al no estar en juego su dinero ni tener la presión de la competencia, son efectos ineludibles del comportamiento burocrático la tendencia descontrolada al crecimiento de los costes y déficits, el aumento continuo de las estructuras funcionales, ejecución de obras faraónicas en épocas de bonanza, dedocracia y la multiplicación de entes de tipo burocrático. También hay que tener en cuenta que si un departamento o ministerio no gasta todo el presupuesto, este se “pierde” volviendo a la administración central siendo lo más probable que el año siguiente quede reducido en dicha cuantía. Esto, unido a que mayor presupuesto significa mayor poder, incentiva a los burócratas a gastarlo de cualquier manera. Resultado de todo ello es que, a día de hoy, en la mayoría de los países de la UE el Estado se “come” ya prácticamente la mitad de lo que producen sus economías (PIB).
El funcionario por su parte, a diferencia de lo que sucede con el trabajador del sector privado, carece de incentivos para innovar, introducir mejoras o asumir ciertos riesgos al no poder obtener ninguna contrapartida o recompensa por ello ni tampoco peligrar su puesto de trabajo. Repito, esta generalización no responde a ninguna crítica personal a los funcionarios, son personas que están actuando de forma completamente racional. No se trata en un principio de la falta de compromiso, el problema es el sistema de incentivos que a la larga merma la productividad.
A estos cinco aspectos me gustaría añadir un problema adicional que se produce como consecuencia de la intervención del Estado en la economía:
– Restricción de la democracia alterando la libre elección de los ciudadanos o consumidores.
Al intervenir el Estado de forma coactiva en el mercado, modifica y altera artificialmente los gustos y preferencias de los consumidores generando distorsiones e injusticias, pues, el mercado libre sin intervención, hubiese tomado otras decisiones. Si el Estado decide por ejemplo subvencionar determinadas empresas del sector agrícola, ya sea mediante la concesión de ayudas económicas o políticas proteccionistas (aranceles, contingentes…) erigiéndose como defensor de la economía de su nación, alegando que de lo contrario éstas no podrían mantenerse en el mercado, está, por una parte, sustrayendo recursos del contribuyente o de sectores económicos en donde ese país sí es competitivo y, por lo tanto, sostenible, y por la otra, perjudicando al consumidor quien libremente eligió, de entre todos los productos que tenía a su disposición, no consumir los productos de dichas empresas, ya sea por motivos de precio, de calidad o cualquier otra razón de origen ético, moral, etc.
Y es que, en un mercado realmente libre, el verdadero poder reside en los consumidores (ciudadanos), quienes mediante el acto de consumir, deciden las empresas, productos y servicios que deben permanecer en el mercado y las que deben mejorar o, de lo contrario, abandonar.
En un entorno de libre mercado, sin la concesión por parte del Estado de monopolios, derechos especiales o cualquier tipo de privilegios, ninguna empresa, por muy grande y poderosa que sea, durará mucho tiempo en el mercado si no ofrece un bien o servicio que satisfaga los gustos y necesidades de los consumidores o ciudadanos.
De hecho, a las grandes empresas no les interesa la libre competencia. Les resulta mucho más rentable organizarse en pequeños lobbies o grupos de interés para comprar los favores de los políticos (políticas proteccionistas, subvenciones, exenciones fiscales), estableciendo importantes barreras de entrada en los sectores económicos en donde operan y evitando así la posible competencia de nuevas empresas, que tener que invertir continuamente grandes cantidades de recursos en I+D+i, formación de los empleados, etc. Es claro, que tal economía de libre mercado no existe en la actualidad, pues todas las economías capitalistas de “libre” mercado tienen un importante grado de intervencionismo estatal.
La conclusión a la que llegan los teóricos de la escuela de la elección pública es que los fallos derivados de la intervención del Estado en la economía, son mucho más graves que los que eventualmente pudieran existir en el sector privado (competencia imperfecta, externalidades, etc.).
Continuará…
Artículo escrito por:
Jorge Pérez Montes
Afiliado al Partido de la Libertad Individual
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